La justicia española decidió archivar la denuncia presentada por Ana Gaivao Cordovil, ciudadana portuguesa, contra su exesposo, el peruano Fernando Menéndez, por presunta sustracción internacional de menores. Luego de evaluar las pruebas, los jueces determinaron que los hijos de la pareja residen en Lima, Perú, y que el retorno desde Madrid estaba previamente acordado.
Durante el proceso, la defensa de Menéndez presentó documentación que acreditaba la residencia legal de los menores en Miraflores, su matrícula escolar en Lima, controles médicos y actividades sociales. También se incluyeron los pasajes de retorno adquiridos con Iberia y el permiso notarial de viaje firmado por ambos padres. El juez español, al advertir contradicciones en la declaración de Gaivao frente a la documentación, dispuso el sobreseimiento. El Ministerio Fiscal emitió dos opiniones en el mismo sentido, confirmando que “el lugar de residencia de los menores es el Perú”.
Las autoridades resaltaron que Gaivao omitió en su denuncia el permiso notarial y la matrícula escolar en Lima, además de no mencionar la compra de los pasajes de regreso. Incluso se verificó que la madre coordinaba con el colegio peruano para el reinicio de clases.
El caso había tenido amplia cobertura mediática, pues Gaivao presentó denuncias en España y Perú alegando que el padre trasladó a los menores sin su consentimiento. Sin embargo, los documentos evidenciaron que el retorno estaba acordado previamente para continuar la residencia en Lima. Tras la decisión, Gaivao interpuso un recurso de apelación solicitando que se valoren únicamente sus pruebas, excluyendo las presentadas por Menéndez.
En paralelo, en el Perú, la Primera Sala de Familia de la Corte Superior de Lima —presidida por la jueza Nancy Coronel Aquino— habría adelantado opinión en el proceso de restitución, señalando una posible sustracción por parte del padre, pese a lo resuelto en España. Por ello, la magistrada enfrenta un proceso en la Junta Nacional de Justicia.
El abogado Daniel Alvarado, especialista en restitución internacional, sostuvo que lo regular sería confirmar la sentencia del 16° Juzgado de Familia que declaró improcedente la restitución, en línea con lo que dictaminaron jueces y fiscales españoles. “Los menores residían en Perú. Una resolución contraria podría afectar la seguridad jurídica internacional y la aplicación del Convenio de La Haya”, advirtió.