Mientras por acá seguimos distraídos con colaboradores eficaces y choques dentro de la Fiscalía, en Estados Unidos aparece una noticia que puede tener el mismo poder de expansión del coronavirus en las órbitas del periodismo y la economía.
Hoy, martes 20, el Departamento de Justicia interpuso una demanda contra Google en una corte federal de Washington D.C. El gobierno llevará a juicio al gigante tecnológico por mantener un monopolio ilegal en el rubro de los motores de búsqueda y la publicidad asociada.
La acusación establece que, a través de contratos, Google, que es propiedad de Alphabet, bloquea la competencia y trunca la innovación. Las arcas de Alphabet reflejan el nivel de concentración de poder. Se trata de un imperio valorizado en US$1.04 trillones y con reservas en efectivo de US$120 billones.
Las primeras reacciones en Silicon Valley pretenden vincular la iniciativa con el gobierno de Donald Trump, cuando en realidad se trata de una tendencia bipartidista, tal como se ha comprobado en los debates del Capitolio, e iniciativas legales desarrolladas en varios estados.
Las consecuencias de esta demanda alcanzarán inevitablemente a otros pilares de la big tech, particularmente Facebook.
Este nuevo episodio es el colofón de una larga secuencia de esfuerzos estatales llevados a cabo en países como Australia, Francia y otros en Europa.
El gobierno australiano le ha propuesto a FB compartir sus ingresos por publicidad con los medios de comunicación. Además, el Indecopi de ese país alista un código regulatorio de las relaciones entre los medios y los gigantes tecnológicos.
En abril pasado, las autoridades francesas ordenaron a Google negociar con los medios de comunicación para pagarles por su contenido, como ya lo hacen con los productores musicales. Se trata de un debate desarrollado en el contexto de la nueva directiva de la Unión Europea sobre Derechos de Autor, así que seguirán otros países como Alemania.
Google y Facebook están entre las compañías más exitosas de toda la historia a partir de un modelo bastante tradicional, mediante el cual los medios de prensa se financiaron durante más de un siglo: prácticamente todos sus ingresos provienen de la publicidad. Las redes se han convertido en el vehículo por el cual se comparte la mayoría de noticias en todo el mundo.
Pero estas plataformas se llevan toda la plata por concepto de publicidad y prohíben que los medios -cuyas noticias las alimentan- puedan sacar la tajada que les correspondería. Los medios solo pueden vender publicidad en sus propios portales web, desde donde los accesos son mínimos en comparación a las redes, y aquél que tenga la capacidad y las espaldas financieras intenta probar suerte con los modelos de suscripción online. Otros nuevos medios se ven obligados a ser financiados por organizaciones con intereses muy específicos.
Cuando los sabiondos proclaman la necesidad que tienen los medios de reinventarse, pasan por alto las migajas que quedan en la mesa para financiar el periodismo profesional e independiente.
Alfabet, cuya bolsa incluye publicidad en Google Search y Youtube, vio sus ingresos incrementarse de US$95.6 mil millones en 2017 a US$134.8 mil millones. En 2019, el 98.5% de los ingresos de Facebook vinieron de la publicidad. Nada más que US$70 mil millones. Esto es 41% más que dos años atrás. En ese sentido, Twitter es un chancay de a veinte, con sus US$3 mil millones de recaudación publicitaria el 2019. En Estados Unidos, las big tech se llevan el 60% del total de la publicidad. Y ellos responden que librarse de las noticias no les haría ni cosquillas, pero una investigación de la estadunidense News Media Alliance concluyó que el contenido noticioso representaba hasta el 40% de las búsquedas en Google.
La propagación de las fake news, más que un debate sobre la libertad de expresión, demuestra que ni siquiera hacen bien su chamba. No solo los Mark Zuckerberg de este mundo se han vuelto incalculablemente ricos, sino que también han contribuido a la erosión democrática en muchos puntos de globo y subvertido los principios del libre mercado y la globalización que les permitieron emerger. No es por nada que su papel oligopólico es comparado con el de los viejos barones del petróleo.
En el Perú, según los números de CPI, la televisión tiene aún el 43% del total de la torta (unos US$250 millones) pero pierde participación cada año. Cuatro años atrás representaba US$100 millones más.
La publicidad digital va en la trayectoria contraria. De US$77 millones en el 2015 pasó a US$116 millones el 2019. Adivinen quienes se quedan con casi todo. Como ocurre en el resto del mundo, la publicidad impresa se reduce a pasos agigantados y el año pasado contabilizó US$56 millones, poco menos del 10% del total. Y la aceleración de la disrupción digital precipitada por la pandemia augura otro dramático encogimiento para el 2020.