Según la Fiscalía, Fuerza Popular podría volver a cometer el presunto delito de lavado de activos, ya que la cúpula sigue liderada por Keiko Fujimori.
Esta mañana, el fiscal José Domingo Pérez, sustentó su pedido de suspensión temporal de actividades políticas de Keiko Fujimori y del partido Fuerza Popular, por hasta dos años y medio, por el presunto delito de lavado de activos.
Durante su exposición, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, señaló que en un partido político puede ser usado para ocultar delitos de las personas que están a cargo. En ese sentido, recordó que existe un mecanismo que se usa desde el año 2004 para suspender las actividades de las personas jurídicas y negó que esta sea una medida inconstitucional. “El Ministerio Público está presentando esos requerimientos en defensa de los valores constitucionales que ha señalado el TC, (según los cuáles), sí se puede configurar el delito de lavado de activos en las organizaciones políticas, entiéndase partidos políticos”, dijo al poner como ejemplo el caso Nadine Heredia, donde con el Partido Nacionalista, “existe una alta probabilidad” que el partido use o vuelva a usar el partido para captar dinero ilícito.
Por otro lado, a la salida de la audiencia, el ex procurador y ahora abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, dijo que “desde que se incorporó al partido político a este proceso desde el 2019 hasta la fecha no hubo ningún dato de obstrucción, ni de una comisión delictiva posterior, que es lo que se exige para la suspensión”. Remarcó que durante su intervención habría demostrado que no existen pruebas.
Señaló que en ningún momento el fiscal dice que Fuerza Popular sea una organización criminal, sino que las personas investigadas habrían utilizado el partido para los delitos de lavado de activos: “eso todavía es materia de investigación porque aún no llegamos a una acusación para plantear esta medida”.
La audiencia se llevó a cabo durante tres horas en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, que evaluará y tomará una decisión en los próximos días.