El Tribunal Constitucional (TC) revisará el próximo miércoles 18 la demanda competencial que presentó el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra hace aproximadamente dos meses para que se pronuncie sobre la potestad que tendría el Congreso de la República de removerlo del cargo como jefe de Estado por “incapacidad moral permanente”. Dicha convocatoria se confirmó horas después de que la Procuraduría del Congreso solicitó al TC declararla infundada.
Pero hay una jugada por la que se puede inclinar el Gobierno de transición a cargo del presidente Manuel Merino y la reciente nombrada ministra de Justicia, Delia Muñoz, el de suspender dicha demanda competencial.
Para el exmiembro del TC, Ernesto Álvarez, sí es posible esta medida. “El procurador ha sido citado para el día de la audiencia y podría no ir, inclusive desistir de la demanda y ser archivada”.
El Tribunal Constitucional ya citó a ambos poderes del Estado para la audiencia pública, donde se verán los informes de los abogados de cada una de las partes. De llevarse a cabo la demanda, la sentencia puede ser emitida en algunos días, semanas o meses.
Además, señaló que aún es posible que el expresidente Martín Vizcarra pueda presentar un pedido de amparo, pero ante un juez en el Poder Judicial y luego de unos seis u ocho meses recién pasaría al Tribunal Constitucional. “Podría todavía presentar una demanda de amparo hasta 60 días de cometido la afectación, pero no tendría mayor efecto inmediato, además no lo podría restituir en la presidencia”, dijo.
Ante el pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el TC se pronuncie acerca de la vacancia, señaló que hay cierto desconocimiento de parte del organismo. “No puede pronunciarse, porque en principio el TC no absuelve consultas, solamente se pronuncia entorno a procesos y si no hay proceso sobre la colaboración eficaz y de los chats entregados no puede pronunciarse el tribunal”, indica Álvarez.
Mientras tanto, el Procurador del Congreso Manuel Peña ha solicitado “la inmediata inhibición y apartamiento” del proceso de Marianella Ledesma, presidenta del TC, al considerar que afectó gravemente la imparcialidad del cargo al adelantar, en una entrevista periodística, una posición negativa sobre los pedidos de vacancia.