La actual popularidad del ex presidente Martín Vizcarra no le alcanzó para que el fiscal Germán Juárez Atoche comience a solicitar medidas restrictivas en su contra, ahora que ya bajó al llamado como cualquier ciudadano y no tiene las prerrogativas propias del primer mandatario de la República.
En un documento de 721 páginas con anexos, el fiscal del equipo especial Lava Jato, formuló al juzgado de investigación preparatoria nacional un pedido de impedimento de salida del país por 12 meses contra Vizcarra por las supuestas coimas de S/.2.3 millones que recibió a partir de dos licitaciones ejecutadas cuando fue gobernador regional de Moquegua.
Juárez le imputa los delitos de colusión agravada (entre 6 y 15 años de cárcel), cohecho pasivo impropio (entre 5 y 8 años) y asociación ilícita (de 3 a 6 años).
Juárez aduce que “la medida resulta indispensable para la indagación de la verdad” y añade que los 12 meses de impedimento de salida resulta el tiempo mínimo indispensable para el desarrollo de la investigación.
Ayer, miércoles 11, el abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, entregó el pasaporte de su cliente a la Fiscalía. Pero queda claro que el gesto no fue suficiente para convencer al fiscal.
