Siete de cada 10 muertos por COVID-19 en el país tienen 65 años.
El presidente Martín Vizcarra anunció ayer, miércoles 7, que las que habían sido anunciadas como prohibiciones para este grupo de riesgo, pasaban a ser recomendaciones.
Para inclinar la balanza pesó definitivamente el debate sobre la libertad de decisión de este grupo de riesgo, el sentido común que deben haber desarrollado los de más experiencia, y los pocos riesgos que conllevan, supuestamente, las caminatas al aire libre con las previsiones del caso: mascarilla, distancia e higiene.
Pero hay quienes expresan otro punto de vista.
“La cultura de la salud en el país no es tan buena como para dejárselas en manos del ciudadano”, refuta el médico psiquiatra Carlos Bromley.
Según el decreto supremo Nº 162-2020-PCM, las personas con comorbilidades y aquellas personas en grupos de riesgo podían salir hacer caminatas no mayores a 500 metros por un máximo de 60 minutos, tres veces a la semana.
Para Bromley, “desde hace un buen tiempo los adultos mayores tienen autorización para salir a comprar víveres, medicinas, realizar algunas actividades financieras o para cualquier urgencia médica”. Además “no han estado aislados al 100%, hay circunstancias en las cuales, sí se les ha permitido ir saliendo desde hace varios meses”.
Bromley añade que es importante diferenciar aquellos adultos mayores que pasan bien la cuarentena porque están acostumbrados a estar solos del grupo que era más sociable y activo antes de la pandemia. “Los que peor la han pasado son los que viven solos y que tenían una vida social”.
Sin embargo, para el abogado Enrique Ghersi, que presentó una acción de amparo contra las medidas, se iba en contra de la libertad de los adultos mayores. “En el caso de los mayores de 65 años no solamente los priva de sus derechos fundamentales como la libertad, sino de la discriminación del derecho a participar libremente en la vida económica y social de un país y los priva de un derecho que es actuar con responsabilidad propia”.
El economista Elmer Cuba añade un dato de la realidad económica: la mitad de los mayores de 65 trabajan en el Perú. Un porcentaje lo hará porque optan por seguir laborando, pero es previsible que una mayoría se vea obligado a hacerlo porque no tienen pensión ni, consecuentemente, medios para sobrevivir.
La Defensoría del Pueblo, en su pronunciamiento N° 011/DP/2020, indicó que el Perú tiene una población adulta mayor de 65 años superior a las 2 millones 400 mil personas. “Demandamos al Poder Ejecutivo modificar las restricciones de movilidad impuestas a las personas adultas mayores, debido a que, a juicio de la Defensoría del Pueblo, lesionaban notoriamente su dignidad y afectaban sus derechos a la salud, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Además, consideran que los hacen parte de los estereotipos y prejuicios de la vejez, “ellas y ellos podrían, acudir a lugares al aire libre siguiendo las mismas medidas preventivas que el resto de la población”.
Este libre albedrio es lo que preocupa a Bromley, porque el Perú no tiene una cultura de salud ni de prevención. “El adulto mayor ha sido criado bajo una ausencia del cuidado de la salud y creo que dejar toda responsabilidad en sus manos sería un problema. Basta con mirar las calles en épocas de cuarentena. Todo el mundo sale y no usa la mascarilla adecuadamente”, afirma.
El debate enriquece toda sociedad. Pero en casos como éste también evidencia sus gigantescas diferencias.